Dictámenes de la Contraloría General de la República como solución de controversias contencioso-administrativas

Archivo_002

La Potestad Dictaminante de CGR, tal como se explica en la doctrina administrativa, encuentra su fundamento no sólo en su ley orgánica, o en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, sino que además, en las normas que regulan al organismo contralor en la Carta Fundamental, y mas aún, en el Derecho Constitucional de Petición (Art. 19 N° 14 CPR). Lo anterior concuerda plenamente con la necesidad en todo Estado de Derecho de que existan mecanismos para que los particulares puedan defender sus intereses ante la actuación del Estado, y en el caso que comentamos, ante la actuación de la Administración.

Por lo anterior, tanto a nivel normativo como en la practica, considero que los dictámenes de la CGR constituyen un mecanismo más (incluido entre varios mecanismos) para resolver asuntos controvertidos en que una de las partes es la Administración. Sin embargo, es necesario hacer varias precisiones para dilucidar su real aporte a la protección del ciudadano frente a la Administración:

1)  Se trata de una Potestad que se ejerce a partir de un requerimiento, consulta o petición de una autoridad administrativa, un funcionario o un particular interesado en obtener un pronunciamiento de carácter jurídico. Esto es relevante toda vez que se diferencia así de los Tribunales de Justicia en que el actuar de estos órganos no obedece a una función consultiva sino a una de carácter jurisdiccional (no responde a consultas de un particular sino que resuelve coercitivamente pretensiones especificas de un interesado).

2) Producto de lo anterior, en la practica el particular interesado tendrá la opción de solicitar pronunciamiento de la CGR, y ese Dictamen será vinculante para el solicitante, para el Órgano Publico, e incluso tendrá obligatoriedad erga omnes.[1] Sin embargo, deberá tener siempre presente que ese Dictamen solo respondió con efecto obligatorio la consulta en relación a su conflicto jurídico administrativo, pero no lo resolvió en forma permanente, inmutable y coercitiva, como lo harían los Tribunales de Justicia.

3) Cabe mencionar que, a pesar de lo dicho, la jurisprudencia judicial ha sido clara en precisar que los Dictámenes de la CGR no son vinculantes para los Tribunales de Justicia conociendo del conflicto contencioso administrativo. Solo tienen fuerza, en cuanto a servir de elemento que permita al tribunal formarse convicción jurídica respecto de determinada pretensión, en virtud del nivel de especificidad jurídica de un Dictamen en temas de derecho administrativo, pero en ningún caso, el pronunciamiento obliga al órgano jurisdiccional a resolver en el mismo sentido. [2]

4) Ademas, existen limitaciones dispuestas en la ley para el ejercicio de la potestad dictaminante, a saber, que el conflicto verse sobre un asunto litigioso, o esté actualmente en litigio, lo que viene a limitar el campo de acción de la CGR para conocer “contenciosos-administrativos”. Nótese que a la inversa, aún cuando en un asunto se haya solicitado el pronunciamiento de la CGR, nada impide someter dicho conflicto al conocimiento de los Tribunales de Justicia (y lograr modificar el pronunciamiento contralor).

5) Finalmente, y en términos estrictamente pragmáticos, podemos señalar que un Dictamen de CGR puede significar una vía rápida, y certera (en términos técnicos) para solucionar algún conflicto jurídico administrativo, y evitar el costo de requerir tutela judicial. Los tiempos de respuesta de una y otra vía pueden llegar a ser notablemente distintos.

[1] Sobre el efecto erga onmes ver Dictamen CGR N° 34053 del 16.09.1999. Sobre su fuerza obligatoria ver Dictamen CGR N° 39777 del 12.09.2003.
[2] Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 89 del 19.05.1989.

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *