El principio de protección de la confianza legítima y potestad invalidatoria. Caso Mall Viña del Mar.

Archivo_003

El año 2012 se dispuso la construcción de un Centro Comercial en la ciudad de Viña del Mar, amparado en un permiso de edificación del año 2000. Sin embargo, la propia Municipalidad declaró la caducidad de este permiso en el año 2015, cumpliendo un dictamen de la Contraloría General de la República, cuando las obras estaban prácticamente terminadas. En contra de dicho pronunciamiento se interpuso una acción judicial que tuvo, entre otros fundamentos, el hecho que la Municipalidad había soslayado el hecho que la Inmobiliaria era un tercero de buena fe que ninguna influencia tuvo en los actos analizados, y que adquirió el inmueble en que se sitúa la obra el año 2012, confiada y segura que el permiso era válido y se encontraba vigente entonces, en atención a que así habría sido declarado, en el ejercicio de su competencia, las autoridades llamadas a hacerlo. A partir de este caso, paso a comentar brevemente la aplicación directa de un principio jurídico para resolver el tema, una practica muy útil y positiva para el perfeccionamiento de una área jurídica que nos interesa mucho, el Derecho Administrativo.

En virtud del Principio de Protección de la Confianza Legítima, si una determinada actuación de la Administración supone una alteración en la interpretación de la norma o un cambio en la manera de regular o de resolver, solo podrá hacerlo legítimamente, si respeta, entre otros, la confianza que los administrados tienen en su forma o dirección de la actuación.

Se trata de una manifestación concreta de la Seguridad y Certeza Jurídica, y en ningún caso se contrapone a ella. De que otra manera el ordenamiento jurídico puede dar certeza a los administrados de que la forma y el fondo de las Actuaciones de la Administración son plenamente validas y vigentes, si no es dotando a la actividad administrativa de presunción de legalidad; protección de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, y de un resguardo a la confianza que los administrados depositan legítimamente en esos actos de la Administración.

En este sentido, considero correcta la decisión de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en que se reconoce como limite a la potestad invalidatoria la protección de la legitima confianza que la empresa inmobiliaria depositó en la actuaciones administrativas y en virtud de esas actuaciones, continuó adelante con el proyecto inmobiliario.

No obstante su reconocimiento previo a nivel jurisprudencial y doctrinario, sin duda que la entrada en vigencia de la Ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo otorgó mayor certeza jurídica a esa confianza que los ciudadanos tienen respecto de la Administración en un Estado de Derecho. La audiencia previa del interesado consagrada en el articulo 53 reconoce positivamente en nuestro ordenamiento este principio de derecho administrativo.

Cabe añadir que a este principio se suman otros como la protección de los derechos adquiridos de buena fe, que si bien son mecanismos distintos, en la revisión jurisprudencial aparecen constantemente de la mano. Así, en el caso del Mall Viña S.A. también se observan derechos adquiridos de buena fe por la empresa inmobiliaria que requieren protección jurisdiccional, compartiendo con la confianza legitima, el mismo fundamento, la Certeza Jurídica y el Estado de Derecho. A este respecto es posible consultar el Dictamen 54.179 de 2014 de la Contraloría General de la República, que, a propósito de la autorización de licencias de conducir por parte del Alcalde de Rancagua, sin atribuciones legales para ello, se reconoce el derecho de los administrados que obtuvieron dichas licencias de conducir, y limita la invalidación de los actos que dictados por la autoridad no competente para ello. Lo anterior fundado en certeza jurídica, y en la confianza o buena fe que deposita el administrado en las actuaciones de la Administración.

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *