Fallo del TC sobre el SERNAC: Un revuelo injustificado.

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El pasado 18 de enero de 2018, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Rol 4012-17, declaró inconstitucionales varias disposiciones del proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Este fallo ha causado una ola de críticas y variadas declaraciones en los medios de prensa y redes sociales, muchas de ellas dirigidas con intención de atacar no los argumentos de la decisión sino al argumentador. Al Tribunal Constitucional – nuevamente – se le apunta como un órgano al servicio de intereses empresariales, cuya ejercicio de sus funciones solo representa un obstáculo al avance de la “agenda social” o que pretende derechamente “impedir que los consumidores puedan exigir sus derechos”.

 

No son éstas las críticas que nos interesa comentar, sino otras, a nuestro juicio muy sorprendentes, aunque comprensibles si las observamos en el contexto del debate público de los últimos años, en que abunda la irreflexión, la funa rápida, o lo que podríamos denominar “la respuesta estomacal”. Nos referimos a la crítica de no pocos abogados del país, quienes – como nosotros – en variadas redes y medios dan a conocer su punto de vista respecto del fallo, poniendo énfasis en un supuesto deterioro de la protección del consumo en Chile, o bien un retroceso respecto de la institucionalidad de protección del consumidor que existe hoy. Nada de eso observamos nosotros. Por el contrario, el fallo del TC nos parece muy acertado.

 

Sintetizando, el fallo declara inconstitucionales las disposiciones del proyecto que entregan al “Nuevo Sernac” la potestad sancionadora y la potestad normativa. Es evidente que actualmente existen Órganos de la Administración del Estado que aplican sanciones y que crean normas, justamente porque detentan ambas potestades, y en el pasado el TC las declaró plenamente constitucionales. El problema del “Nuevo Sernac” no es tener esas potestades sino la compatibilidad de éstas con el rol actual del Sernac.

 

Respecto de la potestad sancionadora, el fallo es explícito en decir lo que específicamente se estima contrario a la Constitución: “el mismo servicio estatal llamado a proteger a una de las partes lucrativamente interesadas, los consumidores, sea instituido como árbitro supremo, para luego dirimir los contenciosos e impugnaciones que enderecen contra sus proveedores”. La conclusión es sencilla, no puede ser considerado conforme a la Constitución, una disposición que entrega a un Órgano de la Administración del Estado (y no a un juez imparcial) la facultad de aplicar sanciones a los proveedores en una relación de consumo.

 

Algunos críticos dicen ¿y por qué no?, ¿acaso no lo hacen varios Órganos de la Administración del Estado como la Dirección del Trabajo; el Servicio de Impuestos Internos; las Superintendencias, etc…?. La respuesta es sí, efectivamente lo hacen, el problema no es que ejerza jurisdicción un Órgano de la Administración del Estado (lo que también es una discusión valida, pero excede el tema de esta columna), el problema radica en que se le entrega la función jurisdiccional de investigar y aplicar sanciones al mismo órgano que tiene por misión representar el interés de una de las partes en la relación de consumo. No puede considerarse legítimo que el Sernac sea por una parte representante del consumidor afectado, y al mismo tiempo juzgador de la conducta del proveedor. Eso no supera ningún test de legitimidad jurídica y contraviene abiertamente todos los principios del derecho administrativo sancionador. Por eso es que nos sorprende la crítica de quienes teniendo el conocimiento específico de esta área jurídica, pretendan que el proyecto supere el control de constitucionalidad.

 

Pero vamos comparando, los Órganos de la Administración que tienen potestad sancionadora, ¿representan el interés de una de las partes? En el caso de la Dirección del Trabajo no. La misión de este órgano es la de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, mas no la de representar el interés de un trabajador en particular (para eso existen otros órganos públicos como la Oficina de Defensa Laboral). En el cumplimiento de su misión, la D.T. aplica sanciones cuando constata un incumplimiento de parte del empleador. ¿Las Superintendencias que aplican multas, representan a una de las partes en las relaciones que fiscalizan? En absoluto. Estos entes supervigilan el cumplimiento de la normativa que rige las áreas de la economía que se encuentran reguladas, pero no tienen la representación de ninguno de los actores de esos mercados regulados (por ejemplo, la S.B.I.F. o la ex S.V.S no representan ni a los bancos, ni a las compañías de seguro ni a los clientes de unos y otros).

 

Caso aparte es referirnos al Servicio de Impuestos Internos, ¿ejerce jurisdicción y representa a una de las partes?, la verdad es que sí. Podríamos decir que en la relación tributaria, el S.I.I. representa los intereses de una parte, el Fisco, y en cumplimiento de sus funciones también sanciona a la contraparte, los contribuyentes. Sin embargo, está de más recordar las conocidas críticas y cuestionamientos que desde siempre han existido respecto del S.I.I., materia en la que además, ha habido muchas reformas y perfeccionamiento, al punto de haberse creado una jurisdicción especializada, como los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

 

Con esto no queremos decir que la solución al “Nuevo Sernac” sea crear “tribunales del consumo”, pero sí es una exigencia mínima para el nivel de desarrollo de nuestro Estado de Derecho, que exista una diferenciación orgánica entre el juzgador y el representante del denunciante.

 

En relación a la potestad normativa, las críticas han sido menos intensas, aunque nuevamente recurren a la comparación con otros órganos con facultad de dictar normas. Veamos, el S.I.I. tiene facultad de interpretar la normativa tributaria mediante dictámenes y de crear normas mediante circulares, pero su límite se encuentra en que no puede referirse a aspectos que según la Constitución deban ser regulados por ley. Este es el mismo límite que tienen el resto de los Órganos de la Administración del Estado con facultades normativas, y es la razón por la cual el TC ha declarado inconstitucional esta potestad del “Nuevo Sernac”: porque no puede crear normas jurídicas cuando expresamente la Constitución señala que esta materia es propia de ley.

 

Finalmente, conviene precisar que en ningún caso este fallo del TC deja en situación desmejorada la institucionalidad del consumo en Chile, toda vez que se trata sólo de un control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley, por tanto, no afecta en absoluto el régimen actualmente vigente de protección de los derechos del consumidor.

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